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CIRCULAR


Martes, 14 de enero del 2020

Requerimos la derogación de las 2 últimas reformas laborales al Congreso de los Diputados.

                                        Representantes

                                                             

Entre los acuerdos tomados en el X Congreso de CIC estuvieron requerir en el Congreso de los Diputados la derogación de la reforma laboral, hoy hemos presentado a todos los grupos políticos del Congreso el siguiente escrito, una vez que hay un Gobierno en España:


Con fecha 14 de marzo de 1980 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, fruto de la convergencia, el consenso y la cesión que caracterizaron la etapa de la transición democrática de nuestro país. Desde entonces, las sucesivas reformas de dicho estatuto han sido llevadas a cabo a través de las siguientes Leyes y Decretos Leyes:

 

Ley 32/1984, de 2 de agosto, bajo la presidencia de D. Felipe González.

Ley 22/1992, de 30 de julio, bajo la presidencia de D. Felipe González.

Ley 10/1994, de 19 de marzo, bajo la presidencia de D. Felipe González.

Ley 63/1997, de 26 de diciembre, bajo la presidencia de D. José María Aznar.

Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, bajo la presidencia de D. José María Aznar.

Ley 12/2001, de 9 de julio, bajo la presidencia de D. José María Aznar.

Ley 45/2002, de 12 de diciembre, bajo la presidencia en funciones D. Mariano Rajoy Brey.

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, bajo la presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero.

Ley 14/2009, de 11 de noviembre, bajo la presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero.

Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, bajo la presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero.

Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, bajo la presidencia de D. Mariano Rajoy Brey.

 

El cúmulo de todas estas reformas ha consolidado una precariedad laboral insoportable que padecen todos los trabajadores, especialmente los más jóvenes.

También se ha hecho patente la insolidaridad intergeneracional política que ha ido emanando de dichas reformas.

En las exposiciones de los motivos de estas leyes, siempre se invocan eufemismos similares: “modernización del mercado laboral”, “reforma del mercado laboral”, “ante la crisis económica…”, etc., Sin embargo, las consecuencias de dichas leyes y el coste económico inherente lo han terminado soportado los trabajadores en su totalidad, más especialmente, si cabe, en las dos últimas.

Si en la década de los 80 del siglo pasado se precarizó el empleo de los jóvenes con la intención de crear más puestos de trabajo, en la actualidad y tras once modificaciones legislativas (“reformas”) continúa existiendo la misma tasa de desempleo en este nicho de trabajadores (cercana al 33%, septiembre 2019 Eurostat) y los empleos que se crean son más precarios, con lo que se demuestra la ineficacia de estas reformas para resolver el grave problema que supone para nuestra sociedad, tanto la alta tasa de paro juvenil, como la precariedad en el empleo.

Como sus señorías saben, la crisis proveniente de las dos anteriores décadas fue una crisis financiera, provocada por un sistema bancario descontrolado que reveló amplias deficiencias en su vigilancia y supervisión. No fueron los salarios quienes provocaron el colapso bancario que vivió nuestro país. Fueron los administradores, directivos, auditores externos y supervisores bancarios (Banco de España y CNMV), por acción de los primeros y omisión de los segundos quienes pusieron en máximo riesgo a las entidades de crédito españolas. Ellos son los principales culpables de que la deuda publica pasara de 35,8 % del PIB en 2007 al 100% actual (datosmacro.expansion.com), casi tres veces más.

No se destroza una entidad bancaria así como así. Se necesita gente codiciosa, administradores y directivos sin ningún tipo de ética y supervisores ciegos. Con mucho esfuerzo hemos sido capaces de averiguar que la responsabilidad del colapso bancario tiene nombres y apellidos, y que no habríamos llegado a donde estamos si no hubiera sido por ellos.

La burbuja financiera fue el detonante de la falta de liquidez, que, a su vez, fue la mayor causa de destrucción de empleo en las empresas, puesto que cerraron infinidad de ellas, viables, por no disponer ni de liquidez suficiente, ni de crédito para el desarrollo de su actividad corriente. La “insostenibilidad del modelo laboral español” como se alude en la última reforma laboral es una falacia inadmisible. En nuestro sector, como ya hemos anticipado, la gestión delictiva de administradores y directivos de determinadas entidades financieras se ha llevado por delante más de 100.000 puestos de trabajo.

La política del “shock” empleada para despojar de derechos a los trabajadores fluye a través de las dos últimas reformas laborales. En ese momento tan crucial, la crisis financiera, nada tenía que ver con la realidad del mercado laboral español. Se utilizó para liquidar una buena parte de nuestros derechos. Un modelo, importado de la Escuela de Chicago, del que Milton Friedman se sentiría plenamente orgulloso.

El Bufete Sagardoy, el arquitecto de la reforma laboral (revista actualidad económica, junio 2015) que contribuyó en la elaboración de la última reforma, planteaba que se salvarían puestos de trabajo dotando de “flexibilidad interna” a los trabajadores. El resultado real es que se han destruido puestos de trabajo dignos y han sido sustituidos por precarios. Dicho bufete y otros similares han liderado la restructuración laboral del sector financiero, contratados por los mismos directivos responsables de la crisis de las Entidades Financieras para descargar sobre los trabajadores los costes de sus errores. Nos hemos enfrentado directamente a este tipo de despachos en procesos de restructuración, EREs, ERTEs y demás, e incluso actualmente estamos negociando nuestro convenio sectorial con dicho Bufete (como asesor de la Patronal CECA). Y la representación de los trabajadores no tenemos, señorías, la más mínima oportunidad ante las desequilibradas reglas de juego establecidas en las reformas laborales. Los cada vez más exiguos derechos de los trabajadores resultan, cada vez, más difíciles de defender.

Sin duda, tanto la contención salarial como las pérdidas sufridas en derechos tienen un límite dentro de una sociedad que merezca ese nombre, algo que ha sido ampliamente estudiado en la literatura económica y que se demuestra empíricamente a lo largo de la historia.

El pasado 17 de mayo de 2019 concluyó el X Congreso anual de CIC. De entre los acuerdos que emanaron de él, se acordó trasladar a los distintos grupos políticos del Congreso de los Diputados un requerimiento para derogar las reformas laborales. En aquellas fechas había un Gobierno en funciones y hemos esperado, hasta disponer de un nuevo Gobierno, para dar cumplimiento a nuestro mandato. Pero una vez constituidos parlamento y gobiernos de nuestro país, y antes las urgencias de trabajadores y sus familias.

REQUERIMOS al Grupo (todos los grupos del Congreso):

La derogación de las últimas dos reformas laborales, tanto la del 2010 del Sr. Zapatero como la del 2012 del Sr. Rajoy, puesto que nada tuvo que ver el mercado laboral, con la crisis financiera que asoló nuestro país, España, a finales de la década de los 2000-2010.

Y además, y porque ningún organismo público lo ha hecho (ni Banco de España, ni AIREF ni el INE), se estime el coste económico que ha supuesto para los trabajadores la aplicación de dichas reformas y para las arcas públicas por la merma de recaudación fiscal vía IRPF e IVA.

 

En Madrid, a 13 de enero de 2020

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